Patín de cuatro ruedas en color morado.

Movilizamos las instituciones

Acompañamos 218 casos en 29 estados del país, 36 procesos de reparación integral y cerramos 12 expedientes por haber obtenido satisfactoriamente medidas de reparación integral. Obtuvimos recomendaciones y dictámenes por parte de las instituciones garantes de los derechos humanos y también incidimos para que las instituciones públicas de salud brinden servicios en el marco de las resoluciones de la SCJN.

En cumplimiento al amparo ganado por GIRE, CAFIS y ODESYR, siete hospitales públicos de Puebla, tanto de los servicios de salud locales como del IMSS, ISSSTE e ISSSTEP, brindarán servicios de aborto a quienes sean acompañadas o asistidas por alguna de estas organizaciones. Este año asesoramos 57 casos.

 

Kimberly, una niña en Chihuahua a quien un hospital público le negó el servicio de aborto por violación, obtuvo como una de las medidas de reparación el exhorto al Congreso local para derogar el plazo en el acceso al aborto en este tipo de casos, límite que ya fue declarado inconstitucional por la SCJN tanto en la sentencia sobre el delito de aborto en Coahuila como en la del caso de Jessica.

 

Después de 5 años de buscar justicia, el IMSS en Chiapas ofreció una disculpa pública a Cecilia y su pareja, Mateo, por la violencia obstétrica en contra de ella, que tuvo como resultado el fallecimiento de su hijo en 2013. También se logró que tuvieran acceso a los servicios de reproducción asistida.

 

La CEAV emitió un dictamen de reparación integral a favor de una mujer de Zacatecas que experimentó violencia obstétrica cuyo resultado fue la muerte del producto del embarazo en 2014.

 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Angélica Juárez, quien fue víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada en 2020.

 

El IMSS reconoció violencia obstétrica en el caso de una mujer que fue atendida en el Hospital General 1 de Oaxaca.

 

En una Recomendación de varios casos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció las violaciones a los derechos humanos de una mujer que murió en el ámbito de la atención obstétrica en 2019. 

 

Mediante un proceso de conciliación a través de CONAMED, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” ofreció una disculpa pública a una mujer por violencia obstétrica. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco vulneraron los derechos humanos de Rosemari al obstaculizar su acceso al aborto, en un caso de alteraciones congénitas incompatibles con la vida.

 

Brindamos asistencia técnica a instituciones de salud pública para contribuir en la implementación de los servicios de salud reproductiva establecidos en la normativa. Destacan los diálogos con personal del IMSS para la provisión de servicios de aborto en el marco de las resoluciones de la SCJN.

 

Colaboramos con la Secretaría de Salud y el Gobierno de Puebla para la elaboración de una ruta de atención a las solicitudes de aborto, en cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

 

Participamos en la publicación colectiva Efectos Inesperados. Feminismo y apuestas penales en México, coordinada por Intersecta, en la que junto a EQUIS. Justicia para las mujeres, Balance, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Fondo de Semillas difundimos los efectos de las políticas punitivas utilizadas como respuesta a problemas relacionados con las desigualdades de género.

 

Logramos la autorización de ingreso a la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Con esto podremos documentar violaciones a derechos reproductivos y brindar asesoría legal a quienes requieran acceder a atención de la salud reproductiva, incluido el aborto.